UE- Medidas alternativas de solución de conflictos

Revisando materiales en la Red Judicial Europea me he encontrado con algunas cuestiones interesantes, que iré transcribiendo y aportando materiales para el debate.
El primer comentario lo recojo de “Modalidades alternativas de solución de conflictos

El recurso a los Tribunales debe ser contemplado a la hora de resolver una discrepancia como el último remedio, pues supone el empleo de dinero (costas judiciales) y tiempo (asumir los plazos de todo procedimiento judicial y los posibles retrasos coyunturales que soporta la administración de Justicia).
Siempre es preferible intentar con carácter previo una solución extrajudicial o amistosa. La propia legislación española propicia la utilización de estas medidas alternativas favoreciendo el acceso a las mismas y en algunos casos, como determinadas reclamaciones en el ámbito laboral, haciéndolas obligatorias antes de acudir a los Tribunales.

Cualquier cuestión puede ser resuelta por la vía de la conciliación o el arbitraje con excepción de:

  • Las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme y definitiva, salvo los aspectos derivados de la ejecución.
  • Las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las partes no tengan poder de decisión, como son el estado civil de las personas, ni sobre los alimentos futuros ni sobre las cuestiones matrimoniales (separación, nulidad o divorcio), aunque sí se pueden solucionar extrajudicialmente las cuestiones económicas derivadas.
  • Las cuestiones en que, con arreglo a las Leyes, debe intervenir el Ministerio Fiscal en representación y defensa de quienes, por carecer de capacidad de obrar o de representación legal, no puedan actuar por sí mismos, como ocurre con los incapacitados judicialmente o los menores.
  • No cabe tampoco arbitraje de consumo cuando concurran intoxicación, lesión, muerte o existan indicios racionales de delito.

La conciliación se encuentra regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil (para el caso del procedimiento civil) y en la Ley de Procedimiento Laboral (para el caso del procedimiento laboral).

En la expresada materia civil, y en tanto no entre en vigor la Ley sobre Jurisdicción Voluntaria, la conciliación es facultativa, no puede ser impuesta. Para conocer de los actos de conciliación son competentes los Jueces de Primera Instancia o de Paz (Jueces no profesionales), del domicilio y en su defecto los de la residencia del demandado. Lo convenido por las partes en acto de conciliación, constituye un título de ejecución, apto para abrir un proceso de ejecución.

El arbitraje se encuentra regulado en la Ley de Arbitraje, Ley 60/2003 de 23 de Diciembre. Esta Ley es también de aplicación a los mecanismos de arbitraje especiales, de los cuales el más utilizado en la práctica es el arbitraje de consumo que resuelve las discrepancias relativas al consumo de bienes y servicios a que se refiere la Ley 26/1984, de 19 de julio General de Defensa de Consumidores y Usuarios.

En España el arbitraje puede ser de derecho y de equidad. En la generalidad de los casos el árbitro resuelve la controversia aplicando la ley vigente, salvo que las partes le hayan autorizado expresamente a resolver basándose únicamente en la equidad. Este criterio de decisión, en equidad, es decir, sin aplicación de la legislación vigente, es el que se utiliza para apoyar la decisión arbitral en algunos arbitrajes institucionales como el de consumo.

Ley de Mediación Familiar Aragón

Comenzamos la serie sobre mediación con la Ley aragonesa de Mediación Familiar.

En su preámbulo se recoge:

La mediación familiar desarrolla las posibilidades de actuación de las personas  favoreciendo el diálogo, el acercamiento y la comprensión, para llegar a soluciones pactadas por las partes que al final suponen un mayor beneficio para todos los miembros de la familia, sobre todo para los menores y las personas más vulnerables.

Tampoco debe olvidarse que los problemas tratados a través del proceso de mediación no suelen evolucionar a formas más controvertidas de resolución, evitando y previniendo en muchas ocasiones situaciones familiares de malos tratos.

El artículo 4 de la mencionada Ley establece que los progenitores podrán someter sus discrepancias a mediación familiar, con carácter previo al ejercicio de acciones judiciales.
Añade que, en caso de presentación de demanda judicial, el Juez podrá, a los efectos de facilitar un acuerdo entre los padres, proponerles una solución de mediación y también podrá acordar la asistencia de los progenitores a una sesión informativa sobre la mediación familiar si, atendiendo a las circunstancias concurrentes, estima posible que lleguen a un acuerdo. Asimismo, continúa el precepto señalando que, iniciado el procedimiento judicial, los padres podrán, de común acuerdo, solicitar su suspensión al Juez en cualquier momento para someterse a mediación familiar, acordándose dicha suspensión por el tiempo necesario para tramitar la mediación.

En el artículo  5. Conflictos susceptibles de mediación familiar. Se dice

  1. La mediación regulada en la presente Ley podrá referirse a cualquier conflicto familiar surgido en el ámbito del Derecho privado.
  2. Específicamente, la intervención del mediador familiar tendrá por objeto alguno de  los siguientes aspectos:
    • Conflictos nacidos como consecuencia de una ruptura de pareja, existan o no menores afectados.
    • Controversias relacionadas con el ejercicio de la autoridad familiar o, en su caso, patria potestad y del régimen de guarda y custodia de los hijos.
    • Diferencias en lo relativo al régimen de relación de los menores con sus hermanos, abuelos y otros parientes y personas allegadas.
    • Situaciones derivadas de crisis de convivencia en el seno del matrimonio o de la pareja.
    • Desavenencias referentes a las relaciones entre personas mayores y sus descendientes.
    • Conflictos entre los miembros de la unidad familiar donde sea de aplicación la normativa de derecho internacional.
    • Los datos de las personas adoptadas relativos a sus orígenes biológicos, en la medida que lo permita el ordenamiento jurídico, alcanzada la mayoría de edad, o durante su minoría de edad representadas por sus padres o quienes ejerzan su autoridad familiar.

Salvo en los supuestos debidamente justificados, en los que esté en peligro la vida o la integridad física o moral de la persona adoptada, no se podrá facilitar la identidad de los padres biológicos en tanto en cuanto no se disponga de la autorización expresa de estos.

    • Problemáticas referidas al Derecho civil patrimonial o a la empresa familiar.
    • Cuestiones relacionadas con las sucesiones por causa de muerte.

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