Recomendación 98/257/CE (2)

II Principio de transparencia
Se adoptarán las medidas convenientes para garantizar la transparencia del procedimiento. Entre dichas medidas se incluirán:

  •  1.- la comunicación por escrito, o en cualquier otra forma apropiada, a cualquier persona que lo solicite, de la información siguiente:
    1. una descripción precisa de los tipos de litigios que pueden someterse al órgano, así como los límites que puedan existir en relación con la cobertura territorial y el valor del objeto de los litigios,
    2. las normas relativas a la consulta del órgano, incluidas, en su caso, las gestiones previas impuestas al consumidor, así como otras normas de procedimiento, en particular las relativas al carácter escrito u oral del procedimiento, a la comparecencia personal y a las lenguas del procedimiento,
    3. el posible coste del procedimiento para las partes, incluidas las normas relativas al reparto de los costes con posterioridad al procedimiento,
    4. el tipo de normas en las que se basan las decisiones del órgano (disposiciones legales, equidad, códigos de conducta, etc.),
    5. las modalidades de toma de decisión en el órgano,
    6. el valor jurídico de la decisión, precisando claramente si es o no de carácter obligatorio, para el profesional o para las dos partes. Si la decisión tuviera carácter obligatorio, deberán precisarse las sanciones aplicables en caso de incumplimiento de la decisión. Lo mismo se aplica a las vías de recurso que puedan existir para la parte que no obtenga satisfacción.
  • 2.- La publicación, por el órgano competente, de un informe anual relativo a las decisiones dictadas, que permita evaluar los resultados obtenidos y determinar la naturaleza de los litigios presentados.

Sobre la Directiva 2008/52/CE

Texto tomado de: Métodos alternativos de solución de conflictos: la mediación

Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles.

Gracias a esta Directiva, la Unión Europea (UE) pretende fomentar la resolución amistosa de denuncias, en particular por el recurso a la mediación *.

La Directiva se aplica a los conflictos transfronterizos en asuntos civiles y mercantiles, excepto en los ámbito fiscal, aduanero o administrativos, y en la responsabilidad del Estado por actos u omisiones en el ejercicio de su poder público. Esta Directiva no se aplica a Dinamarca.

La Directiva establece pues que los Estados miembros den su consentimiento para que los Tribunales sugieran a las partes recurrir a esta modalidad, aunque no podrán obligar a ello.

Ejecución de los acuerdos alcanzados gracias a la mediación

Aunque, en general, los acuerdos alcanzados por mediación suelen ejecutarse voluntariamente con más facilidad, la Directiva vela por que todos los Estados miembros instauren un procedimiento por el cual, a petición de las partes, el acuerdo pueda ser confirmado por una sentencia, una resolución judicial o un acto auténtico de un órgano jurisdiccional o de una autoridad pública.

Este procedimiento permitirá el reconocimiento mutuo y la ejecución en toda la UE de acuerdos derivados de una mediación, en las mismas condiciones que las establecidas para el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil y en materia matrimonial y de responsabilidad parental.

Suspensión de los plazos de prescripción

Los Estados miembros deben velar por que más adelante las partes no tengan dificultades para iniciar un procedimiento judicial o un procedimiento de arbitraje tras una mediación con motivo de la expiración de los plazos de prescripción.

Garantizar la confidencialidad y la calidad de la mediación

En el marco de un procedimiento judicial, ni el mediador ni otras personas implicadas en un proceso de mediación pueden presentar pruebas relacionadas con la información obtenida en una mediación. Esto sólo se admitirá:

  • cuando sea necesario por razones imperiosas de orden público, especialmente para garantizar la integridad física de una persona, etc.;
  • cuando la revelación del contenido del acuerdo resultante de la mediación sea necesaria para ejecutar o poner en práctica este acuerdo.

Los Estados miembros también deberán fomentan la formación de mediadores, así como la redacción y aplicación de códigos voluntarios de buena conducta para la profesión.