Ley de Mediación Familiar Aragón

Comenzamos la serie sobre mediación con la Ley aragonesa de Mediación Familiar.

En su preámbulo se recoge:

La mediación familiar desarrolla las posibilidades de actuación de las personas  favoreciendo el diálogo, el acercamiento y la comprensión, para llegar a soluciones pactadas por las partes que al final suponen un mayor beneficio para todos los miembros de la familia, sobre todo para los menores y las personas más vulnerables.

Tampoco debe olvidarse que los problemas tratados a través del proceso de mediación no suelen evolucionar a formas más controvertidas de resolución, evitando y previniendo en muchas ocasiones situaciones familiares de malos tratos.

El artículo 4 de la mencionada Ley establece que los progenitores podrán someter sus discrepancias a mediación familiar, con carácter previo al ejercicio de acciones judiciales.
Añade que, en caso de presentación de demanda judicial, el Juez podrá, a los efectos de facilitar un acuerdo entre los padres, proponerles una solución de mediación y también podrá acordar la asistencia de los progenitores a una sesión informativa sobre la mediación familiar si, atendiendo a las circunstancias concurrentes, estima posible que lleguen a un acuerdo. Asimismo, continúa el precepto señalando que, iniciado el procedimiento judicial, los padres podrán, de común acuerdo, solicitar su suspensión al Juez en cualquier momento para someterse a mediación familiar, acordándose dicha suspensión por el tiempo necesario para tramitar la mediación.

En el artículo  5. Conflictos susceptibles de mediación familiar. Se dice

  1. La mediación regulada en la presente Ley podrá referirse a cualquier conflicto familiar surgido en el ámbito del Derecho privado.
  2. Específicamente, la intervención del mediador familiar tendrá por objeto alguno de  los siguientes aspectos:
    • Conflictos nacidos como consecuencia de una ruptura de pareja, existan o no menores afectados.
    • Controversias relacionadas con el ejercicio de la autoridad familiar o, en su caso, patria potestad y del régimen de guarda y custodia de los hijos.
    • Diferencias en lo relativo al régimen de relación de los menores con sus hermanos, abuelos y otros parientes y personas allegadas.
    • Situaciones derivadas de crisis de convivencia en el seno del matrimonio o de la pareja.
    • Desavenencias referentes a las relaciones entre personas mayores y sus descendientes.
    • Conflictos entre los miembros de la unidad familiar donde sea de aplicación la normativa de derecho internacional.
    • Los datos de las personas adoptadas relativos a sus orígenes biológicos, en la medida que lo permita el ordenamiento jurídico, alcanzada la mayoría de edad, o durante su minoría de edad representadas por sus padres o quienes ejerzan su autoridad familiar.

Salvo en los supuestos debidamente justificados, en los que esté en peligro la vida o la integridad física o moral de la persona adoptada, no se podrá facilitar la identidad de los padres biológicos en tanto en cuanto no se disponga de la autorización expresa de estos.

    • Problemáticas referidas al Derecho civil patrimonial o a la empresa familiar.
    • Cuestiones relacionadas con las sucesiones por causa de muerte.

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